1. En qué áreas del derecho se aplica la obligación de la negociación previa?

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, se exigirá actividad negociadora previa a la vía jurisdiccional como requisito de procedibilidad en todos los procesos declarativos del libro II y en los procesos especiales del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para que una demanda sea admisible.

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Esto incluye, en particular, los siguientes procedimientos:

• Medidas relativas a la nulidad del matrimonio, separación, divorcio o las relativas a la guarda y custodia de los hijos menores o alimentos o modificación de las medidas;

• Responsabilidad por negligencia profesional;

• Sucesiones;

• División judicial de patrimonios;

• Conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las sociedades mercantiles;

• Reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual que no traigan causa de un hecho de la circulación;

• Alimentos entre parientes;

• Propiedad horizontal y comunidades de bienes;

• Derechos reales sobre cosa ajena;

• Contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes y servicios siempre que hayan sido objeto de negociación individual;

• Reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de consumo;

• Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra;

• Protección de los derechos al honor, intimidad o la propia imagen;

• Procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario.

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Quedan exentos de la obligación de la negociación previa los siguientes ámbitos:

a) la tutela judicial civil de derechos fundamentales;

b) la adopción de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil;

c) la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad;

d) la filiación, paternidad y maternidad;

e) la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute;

f) la pretensión de que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande;

g) el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores o la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional;

h) el juicio cambiario.

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2.  ¿Desde cuándo entra en vigor esta modificación de la Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero?
La ley entrará en vigor el 3 de abril de 2025 y será de aplicación en toda España.

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3. ¿Cómo debe documentarse el intento de negociación?
El legislador español, mediante la Ley Orgánica 1/2025, ha introducido una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esta modificación obliga a los demandantes y demandados a adjuntar a su demanda o contestación un documento que acredite el intento de negociación previa, incluida la mediación. De forma alternativa, puede adjuntarse una declaración que explique que dicha negociación no pudo realizarse debido a la falta de información sobre la residencia o los datos de contacto del demandado.